Chile Atiende y Contraloría General de la República inicia trabajo conjunto

Con el fin de promover la colaboración ciudadana en la labor de fiscalización de la Contraloría General de la República, dicho organismo firmó un convenio con el Instituto de Previsión Social – IPS. Gracias a este acuerdo, a partir del jueves 30 de enero, las oficinas IPS/ChileAtiende están a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que deseen sugerir fiscalizaciones y/o realizar denuncias de irregularidades que tengan lugar en instituciones, servicios o empresas públicas.

El trámite mantiene el anonimato del denunciante y puede ser realizado por personas naturales o jurídicas, a través de los formularios on line especialmente diseñados para estos propósitos en la página www.contraloria.cl (portal Contraloría y ciudadano), y disponibles en los Módulos de AutoAtención de las sucursales ChileAtiende de las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén.

En el caso de las oficinas IPS/ChileAtiende de Cochrane, Puerto Cisnes y Chile Chico, que no cuentan con Módulos de AutoAtención, los ejecutivos entregarán orientación para que el ciudadano formule su sugerencia o denuncia vía internet desde su casa o bien en forma presencial en la oficina regional de Contraloría.

Una vez realizado el trámite on line, la persona obtendrá respuesta del tratamiento que efectuará la Contraloría, en un plazo máximo de 10 días hábiles. En este contexto es importante señalar que el plazo de respuesta no tiene relación con la entrega del resultado de la investigación, que depende de la magnitud de la denuncia o sugerencia formulada. No obstante, los interesados podrán revisar el estado de su denuncia o solicitud de fiscalización en el portal “Contraloría y Ciudadano”.

Antecedentes

La Contraloría General de la Republica tiene como misión velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de la Administración del Estado, resguardando la probidad, la transparencia y el correcto uso del patrimonio público. Las instituciones que la Contraloría puede fiscalizar incluyen:

Servicios públicos centralizados (Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Tesorería General, ONEMI, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, entre otros)

Servicios públicos descentralizados (de Salud, de Vivienda y Urbanismo, Universidades Estatales, Impuestos Internos, Previsión Social, FONASA, SENCE, JUNAEB, JUNJI, entre otros)

Todas las municipalidades del país

Empresas públicas creadas por ley (ENAP, ENAMI, FAMAE, ENAER, ASMAR, Empresas Portuarias, entre otras)

Empresas, sociedades o entidades públicas y privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital (Metro, SERCOTEC, CONAF, entre otras)

En tanto, no fiscaliza a:

· Poder Legislativo

· Poder Judicial

· Banco Central

· Ministerio Público

· Entidades comerciales tales como multitiendas, bancos, empresas de telefonía, empresas eléctricas, clínicas privadas, isapres, AFP, entre otras




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