Consultas ciudadanas: Una decisión con cartas marcadas - Columna de Andrés Gillmore

Al parecer en los próximos cuarenta días se realizaría una consulta ciudadana en la localidad de Caleta Tortel, para decidir si la comunidad estaría dispuesta a dejar que en sus prístinas aguas, el gremio de los salmoneros pueda intervenirlas para desarrollar actividades acuícolas, a pesar que la localidad ha fundamentado su desarrollo en el turismo de intereses especiales, actividad que ha proyectado a la comunidad en los últimos años, gracias a la gran calidad escénica y ambiental del emplazamiento de la localidad, que hace que en la actualidad sea el destino turístico más importante de Aysén, entre los 10 mejores de Chile y con una proyección de nivel planetario para los próximos años, entendiéndose que la actividad turística es inviable con la actividad acuícola, al quitarle esta última la sustentabilidad y el sello verde, imprescindible para proyectarse en el turismo de intereses especiales. Las tres organizaciones sociales de Caleta Tortel son contrarias a la intervención y lo hicieron presente en una carta dirigida a Intendencia regional de Aysén, fechada el 24 de junio recién pasado .

La logica dice que cuando una localidad esta bien proyectada, no tiene porque ser intervenida por otra actividad productiva que pudiese hackear ese futuro. Debería ser todo lo contrario, resguardarse esa proyección a como de lugar, apoyarla en todo sentido para que pueda profundizar la actividad y seguir proyectándose. Pero una vez más la codicia de los intereses creados de la región, en este caso representado por los salmoneros, que quiere hacer de las suyas en esta especial localidad, a pesar que los salmoneros cuentan con todo el litoral norte de la región para desarrollar sus actividades. 

La experiencia ha demostrado que la gran utopía de la democracia chilena, es hacernos creer que la participación ciudadana es la energía vital del capital social a la hora de implantar estrategias de desarrollo.El mayor problema que enfrentamos como sociedad en la actualidad, es la falta de credibilidad de la administración pública, políticos y los grandes empresarios y que desde el mundo ciudadano bajo el escenario actual no creemos en las instituciones y que la frase utilizada hasta el cansancio por el gobierno de la Nueva Mayoría “que hay que dejar que las instituciones funcionen” ha demostrado ser todo lo contrario y que estas nunca han funcionado con objetividad y con espíritu de igualdad ante la ley entre las grandes empresas y los ciudadanos comunes, dejándonos claro que existen ciudadanos de primera a cuarta categoría. Hace poco supimos la existencia de la categoría premium, evidenciando que los poderes economicos han manipulado desde siempre las instituciones. 

Una manera lógica de avanzar es ampliando los espacios de participación en el diseño, gestión y evaluación de las estrategias en el mundo regional, transformando la forma de hacer acción pública, aplicando determinación hacia al interés general, con procesos inclusivos que aseguren la pertenencia social y cultural en las soluciones propuestas, en los cuales el enfoque tradicional tan tecnocrático en la actualidad resultan poco ineficientes bajo la perspectiva del interés de las comunidades, entendiéndose que la participación ciudadana es indispensable para tener una buena administración y que podamos fundamentar los intereses generales en temas como el combate de la corrupción, superación de la pobreza, equidad de género, protección del medio ambiente, salud, educación. 

Pero toda esta teoría de nada nos sirve, si los gobiernos no respetan las comunidades, interviniendolas con proyectos que van en contra de sus objetivos, como lo que sucede en la actualidad en Caleta Tortel, que bajo una supuesta democratización se les interviene con intereses que no corresponden, a pesar de contar con un plan de desarrollo que va en sentido contrario. 

En el marco de la Ley 20.500 sobre participación ciudadana, se implementó el formato de consultas ciudadanas, con el objetivo de mejorar la gestión pública, sin ser vinculantes, solo como una opinión más y bajo esa visión se puedan desarrollar diagnósticos y soluciones en plazos más acotados, proyectando definiciones, aumentando la responsabilidad de las organizaciones sociales para identificar los problemas de diseño con soluciones más viables y realistas, estableciendo mecanismos de transparencia sobre el uso de los recursos y el establecimiento de los objetivos.

Siempre he sido contrario a realizar consultas ciudadanas en temas estratégicos-productivos que marcan un antes y un después en las comunidades rurales, sin poder contar con un previo análisis conceptual y profesional de la problemática de la verdadera intención del proyecto y sus contradicciones, sobre todo cuando la intervención es territorial. Fui contrario de llevar ese escenario al tema HidroAysén como muchos querían en su momento. Por defender esta opinión gané una gran cantidad de adversarios dentro y fuera de Aysén, por suerte no se llegó al extremo de hacerse la consulta, hubiese sido inconcebible una lucha tan desigual entre Endesa representante de una transnacional multimillonaria como Enel Italia y las organizaciones sociales de Aysén, que solo luchábamos con la fuerza del poder que otorga la verdad verdadera y que nunca recibimos un solo peso de parte de las ONG que decian representarnos en Santiago o del señor Tompkins como mucha gente nos acuso. 

La consulta ciudadana es el escenario perfecto para las transnacionales, que entendieron junto con el gobierno, que en el nuevo escenario político no se puede imponer a raja tabla como en el pasado y que la única forma es crear una supuesta “democratización en la decisión” y bajo ese sustento manipular las comunidades con el poder económico, que no es un tema menor ante la disparidad abismante entre el ciudadano común y los intereses economicos de las grandes empresas transnacionales, sobre todo en el mundo rural; intereses que a la larga terminan imponiéndose con promesas redundantes. 

Las empresas contratan a agentes ciudadanos de la misma comunidad con buenos sueldos al interior mismo de las comunidades representando los intereses de la empresa manipulando la acción. Con HidroAysén tuvimos a Sandra Planzer del partido Demócrata Cristiano de puerto Aysén, como agente al servicio de esos intereses; fue tan eficaz que consiguió intervenir el Movimiento Social por Aysén al hacerse parte por invitación expresa del vocero Misael Ruiz (RN) y definitivamente ayudó a destruir el Movimiento. María Irene Soto representante de HidroAysén en la región, se dedicó por siete años a defender esos intereses llegada de Santiago con esa misión y se metió la ética y la moral al bolsillo y logró su objetivo, dividió la región como nunca antes había sucedido con su programa de radio disparando barbaridades con el apoyo del gobierno regional de la época. 

El tema se hace aún más redundante y dispar cuando los mismos municipios ante la escasez de recursos economicos, se sienten motivados a aceptar la ayuda económica de las empresas a cambio de entregar el apoyo municipal a la intención, aunque muchas veces el apoyo sea solapado es muy determinante, que termina convenciendo a muchos en las comunidades que lo que es malo es bueno, practicando todo tipo de colusión para lograr los objetivos y sin ninguna fiscalización por parte del gobierno regional, que la mayoría de las veces es un interesado más y esta coludido con la misma empresa. 

A priori realizar consultas ciudadanas sin información profesional previa, detallada y objetiva sin sesgo de ninguna especie, es algo contraproducente para las comunidades, ante el desgaste que significa un proceso de esta magnitud en localidades tan pequeñas como Caleta Tortel, con todo el costo social que presupone la intervención por parte de los intereses creados, que más que unir, dividen. Si lo vivimos a nivel regional a sangre y fuego con el tema de HidroAysén, que separó a las familias. Imaginen lo que podria suceder en una localidad como Caleta Tortel.

Lo que se tiene que tener claro y de ahí mis reparos, es que el formato de consulta ciudadana tiene los mismos ribetes de una elección municipal o parlamentaria, pero desinformada y desbalanceada en contra de las intereses de las comunidades. Todos sabemos que las elecciones no las ganan los mejores candidatos o los que tienen las mejores ideas o los más representativos; las ganan simplemente los que prometen lo imprometible y que tienen el dinero suficiente para hacer campaña, que nada tiene que ver con ser un buen candidato, tener buenas ideas, ser eficiente o tener carisma. Basta con ver nuestra actual representación parlamentaria para tomar conciencia que esta realidad es posible. 

Entonces cuál es la solución a la viabilidad de realizar consultas ciudadanas. Según mi entender para que sea verdaderamente democrática, plena y responsable, debe tener como requisito previo a la realización de la consulta ciudadana, desarrollar un estudio de impacto ambiental por un organismo profesional, independiente y reconocido, que exponga a la comunidad los verdaderos alcances del proyecto, con todo lo positivo y lo negativo, desde la visión de base de la comunidad. Paralelamente al desarrollo del estudio, crear un consejo mixto de evaluación, compuesto por representantes de las organizaciones comunales, con un asesor experto en el tema, sumándo al gobierno regional y al municipio. Luego de presentado el estudio con toda la información sobre la mesa, conformar una mesa de debate que exponga el proyecto ante la comunidad con la información transparentada. Solo en ese entonces después de terminada la actividad hacer la consulta ciudadana como corresponde.

Lo que se busca con las consultas ciudadanas es hacerlas sin el debido proceso de información profesional y sin un debate que este a la altura de la significancia de la decisión y lo que ello representa para el futuro de la localidad; legitimando la supuesta “democratización desinformada”, manipulando la información para asumir posteriormente que se ha trabajado con las comunidades. Las consultas ciudadana dado el desbalance del formato actual, es un juego con cartas marcadas,donde las comunidades tienen todas las de perder, si no se resguardan los formas y se realizan sin información fidedigna.





Por, Andrés Gillmore
Empresario turístico
Consultor de proyectos de desarrollo

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