Comienza tramitación de ley que crea institucionalidad para la gestión comunitaria del agua potable rural

Con el objetivo de reconocer la función pública de las organizaciones que hoy gestionan comunitariamente y sin fines de lucro el agua potable rural, legisladores iniciaron el estudio del proyecto que las formaliza y fortalece.

Tras un año de trabajo prelegislativo, la semana pasada comenzó a discutirse en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados la ley que crea los servicios sanitarios rurales, anhelada aspiración de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru). 

El proyecto, comprometido por el gobierno y trabajado en conjunto con la directiva de Fenapru por más de un año, fue ingresado al Congreso mediante mensaje del Ejecutivo en septiembre pasado, iniciándose el debate en la comisión el miércoles 21 de octubre. En la ocasión expusieron sus puntos de vista el ministerio de Obras Públicas y los dirigentes del agua potable rural. 

Parte importante del texto legal original corresponde a temas acordados durante ocho meses de trabajo entre la Fenapru y la dirección de Obras Hidráulicas, institución del Estado encargada del agua potable rural. 

A este momento la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Yasna Provoste, ha acordado con los integrantes de la instancia concentrar en noviembre las audiencias con los sectores directamente involucrados, abriendo plazo para presentar indicaciones hasta el 23 de noviembre. La votación se iniciaría el 25 del mismo mes.

Para la presidenta de Fenapru, Gloria Alvarado, este proyecto tiene varios aspectos positivos que es posible relevar. Entre ellos que la licencia para la administración de las asociaciones de agua potable rural (APR) sea de carácter indefinido, que se constituya un fondo de reserva que garantice la prestación del servicio a la comunidad, que los operadores de sistemas rurales sean sometidos a un proceso de asesoría que permita subsanar sus problemas antes de la aplicación de sanciones y que se excluya a concejales y directivos municipales de optar a cargos en las cooperativas o comités de APR. También, que se traspase al Estado la responsabilidad de asesorarles técnicamente y que se proteja el territorio operacional de los comités y cooperativas del apetito de las sanitarias privadas, entre otros.

Sobre el proyecto los dirigentes de las APR de las regiones de Coquimbo Manuel Mundaca, O’Higgins José Rivera y Araucanía Juana Beltrán expresaron su esperanza en que este sea aprobado en el menor plazo posible, ya permitiría que en el futuro “se garantice, fortalezca y proteja el modelo asociativo de gestión comunitaria del agua, que tiene 50 años de vida y que abastece a mas de dos millones de personas a lo largo del territorio nacional”. Agregaron que la futura Ley de Servicios Sanitarios Rurales además de “permitir que se reconozca la función social de los dirigentes por su aporte al Estado de Chile” sería un paso para integrar la función de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas al mundo rural, servicios que hoy no están en el ámbito de gestión de los APR.

La Fenapru

La Federación Nacional de Agua Potable Rural agrupa a cientos de comités y cooperativas que por medio siglo han gestionado los sistemas de agua potable en el mundo rural sin fines de lucro y bajo administración pública y comunitaria. 

Actualmente suman mas de 1.500 organizaciones que abastecen de agua potable a millones de chilenos y chilenas que viven en poblados rurales concentrados y semi concentrados. Sin embargo, hasta hoy no cuentan con un reconocimiento legal o institucional equivalente a la función social y sanitaria esencial que cumplen en forma solidaria y sin fines de lucro.



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