El gobierno quiere pagar por contaminar y destruir Aysén - Por Andrés Gillmore

Tengo una inquietante extrañeza al constatar que el actual gobierno, que debería velar por la protección de Aysén y cuidar por el desarrollo sustentable de las comunidades, a pesar de todas las promesas de campaña, que no intervendría los ríos de la región para lograr los votos; en estos dos años de administración ha demostrado que solo les interesa defender los intereses de las transnacionales, en total contraposición con los derechos de la región, para que estas empresas foráneas puedan intervenir nuestros ríos y sin miramientos destruir la proyección y la calidad escénica y ambiental del territorio como un todo, despojándonos de nuestro sello verde de origen, que caracteriza los productos y servicios que se desarrollan en Aysén y que tan bien proyectados tienen en la actualidad a la región. 

El Ministerio de Energía bajo la tutela de Máximo Pacheco Matte, encargó hace un tiempo a tras, un estudio al Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, para que se analizara los condicionantes del desarrollo hidroeléctrico de las cuencas de los ríos Palena, Cisnes, Pascua, Baker, enmarcado en una estrategia global que justifique la intervención de estas cuencas y de esa manera poder entregárselas a las transnacionales camuflando la actitud con una necesidad de desarrollo, cuando es solo una manera de hacer negocios beneficiando a las transnacionales. Que quieren hacer en Aysén lo que no pueden hacer en sus países de origen.

El estudio ha sido llevado a cabo entre gallos y media noche, a espaldas de las comunidades y sin la transparencia que se necesitaría para un objetivo de tal magnitud y de tan redundantes objetivos y sobre todo, sin que se le pueda hacer una auditoría externa al resultado de esa investigación, que entregue las garantías que sean necesarias, que el resultado esta de acuerdo con la realidad y con las verdaderas necesidades de desarrollo del país. 

El plan del gobierno tiene como objetivo presentarlo como cosa hecha y para ello como es parte del formato, ha citado a la comunidad Aysenina a una reunión para este 28 de abril en la Biblioteca Regional, donde expondrá los supuestos resultados y lógicamente todos sabemos de antemano, que los resultados estarán irremediablemente de acuerdo con los intereses que representan y harán la pantomima de siempre con el gobierno regional ante la comunidad. Pero todos sabemos que no es más que una teatralización para concretar el objetivo y darle ese supuesto “toque democrático” a la decisión.

Paralelamente el ministerio de Energía esta desarrollando lo que ha denominado “Ley de Asociatividad”, que bajo el sustento de una ley de la república, permitirá a comunidades y transnacionales asociarse para desarrollar proyectos energéticos de alto impacto territorial, social y ambiental, sustentados en precarios estudios ambientales (EIA) y entregar legalmente resarcimientos económicos a las comunidades por la intervención. 

Por medio de esta supuesta “Ley de la República”, las comunidades podrían recibir compensaciones económicas y permitiría hacer consultas ciudadanas para decidir si los proyectos pueden llevarse a cabo o no, en caso que las comunidades tengan la capacidad de reunir el 5 % del padrón electoral ante el SERVEL. La consulta sólo seria vinculante, siempre y cuando votará el 50 % de los electores inscritos en el registro electoral. 

El gobierno justifica ideológicamente las consultas ciudadanas, con la estrategia del espejismo ideológico y con el falso discurso que estaría aplicando el modelo europeo de desarrollo energético, que a su vez según el gobierno, permitiría “defender los derechos ciudadanos”. Pero todos sabemos que el gobierno solo juega con cartas marcadas, sobre todo tratándose de defender los intereses de las transnacionales.

Lo que no dice el gobierno y aquí esta la pillería que deja en evidencia al gobierno; que por un lado si es cierto que en Europa es común que los proyectos energéticos se asocien con las comunidades y les otorguen beneficios económicos. Pero la gran diferencia entre el modelo europeo y el chileno, es que los proyectos que van a consulta ciudadana en Europa, son de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y que en Europa no esta permitido represar ríos y lógicamente el gobierno omite totalmente esta información que es de gran relevancia, sobre todo si hacemos parte de la OCDE. 

Si permitimos que el gobierno manipule tan descaradamente estudios para justificar la intervención de los ríos emblemáticos de la región y la ley de asociatividad es aprobada en el congreso, como ya lo hicieron con la ley de Glaciares. La fusión de estas dos leyes, hará que en menos de una década nos olvidemos de la actual proyección de desarrollo de la región como la reconocemos en la actualidad y actividades de gran relevancia económica como el turismo, Ganadería, Agricultura y Fruticultura, será parte de un pasado que se perdió y nos transformaremos en una región contaminada por represas, mineras y salmoneras; sin ninguna denominación de origen y sin el sello verde que nos caracteriza. -Como analogía podría decirse, que de acuerdo con los nuevos tiempos; lo que pretende el gobierno al querer represar los ríos, es lo mismo que representa en la actualidad los taxis de techo amarillo ante la aplicación Uber de transporte urbano.-

Las consultas ciudadanas que proyecta el gobierno para dirimir las decisiones, son una trampa mortal puesta de ex profeso por el gobierno, para sacar ventaja ante las necesidades de las comunidades del mundo rural y sus necesidades no resueltas en proyección social y cultural de forma casi que automática. A pesar que en muchos casos es posible que las comunidades entiendan la destrucción que los proyectos energéticos acarrearían en su propia calidad de vida, la proyección sustentable de los territorios y de las futuras generaciones, las apremiantes necesidades económicas inmediatas y el manejo político de los municipios, permitirían que estuviesen dispuestas a aceptar la destrucción de sus territorios, solo por lograr los beneficios económicos ofrecidos por las transnacionales, generando un contrasentido redundante y fuera de toda lógica de sustentabilidad, que llevaría a la destrucción irremediable del capital ambiental y de toda la proyección de futuro que tenemos en la región.

Si habláramos de una Ley de Asociatividad que desarrollara proyectos de ERNC para consumo interno y con proyección nacional, sustentados en estudios de impactos ambientales (EIA), con contrapartes y auditorías externas profesionales, que representen los intereses de las comunidades, enmarcado en un Plan de Desarrollo Estratégico Regional y un adecuado manejo de Cuencas; bajo esa perspectiva la ley podría representar un progreso real para el desarrollo de la matriz energética regional y nacional. 

Lamentablemente la realidad dice todo lo contrario y lo que busca el Ministerio de Energía es dejar establecidas las bases, para que cuando termine el mandato del actual gobierno, los ríos queden condicionados a los intereses de las transnacionales y puedan intervenirlos bajo el fundamento de una ley de la república y eso no es otra cosa QUE PAGAR POR CONTAMINAR Y DESTRUIR.






Por, Andrés Gillmore
Estudió sociología
Empresario turístico
Consultor de proyectos de desarrollo
Compartir en Google Plus

Sobre El Chelenko

Desde nuestra agencia, Chelenko Comunicaciones, realizamos asesorías periodísticas, asesorías comunicacionales, nos especializamos en el posicionamiento de marcas, generación de contenidos y administración de redes sociales, además de difusión de publicidad en nuestro medio.