Senadores cuestionan proyecto estrella de ministro Máximo Pacheco

Parlamentarios señalaron que iniciativa que reforma el sistema eléctrico propenderá a instaurar “zonas de sacrificio”, no contempla participación ciudadana real y no representa, como está formulada, un incentivo concreto a las energías renovables no convencionales.

“Zonas de sacrificio”, “ausencia absoluta de la decisión de la vocación del territorio”, que carece de “impulso a las energías renovables no convencionales”, “muy parecida a la Carretera Eléctrica que naufragó en el Congreso” y “vacíos en participación ciudadana” fueron algunos de los conceptos vertidos este martes durante la votación en el Senado de la idea de legislar del proyecto de Ley de Transmisión. 

La principal iniciativa del ministro Máximo Pacheco, que apostaba a un rápido despacho con apoyo de todos los legisladores, generó un debate de más de dos horas en el hemiciclo, lo que da cuenta del intenso camino que le espera. Incluso en varias ocasiones la mesa solicitó el acuerdo unánime para proceder a votar sin mayor discusión, sin embargo no contó con los votos.

Los senadores Alejandro Guillier (independiente), Lily Pérez (Amplitud), Antonio Horvath (Somos Aysén) y Juan Pablo Letelier (PS) expresaron los cuestionamientos clave a la iniciativa, enfocada en transformar las regiones en territorios generadores de energía, por mandato del nivel central, independiente de sus propias vocación de desarrollo.

Fue la senadora Isabel Allende (PS) de Atacama la encargada de dar cuenta del informe de la Comisión de Minería y Energía, para luego abrir el debate a los legisladores. 

Fuertes cuestionamientos

El también integrante de la comisión, Alejandro Guillier, expresó que existen “algunos puntos que merecen una mayor maduración, como la planificación estratégica y cierto sentido centralizado en la definición de los polos de desarrollo”. El parlamentario de Antofagasta señaló que otra carencia es “el impulso a las energías renovables no convencionales, porque se está hablando de una cuota del 20 % en los polos de desarrollo en circunstancias que Chile debe hacer un mayor esfuerzo en estas energías, cuando se había hablado de cifras muy superiores”. 

Asimismo apuntó a “vacíos mejorables en materia de evaluación ambiental estratégica, relacionado especialmente con la participación ciudadana y el ordenamiento territorial”. En su opinión “hay muchas otras actividades, regiones donde tienen actividades estratégicas, donde no les es indiferente el ordenamiento que se haga del territorio y hasta qué punto cierta actividad puede terminar teniendo supremacía sobre otras actividades económicas, que en algunas regiones son particularmente importantes”.

Juan Pablo Letelier, representante de la región de Libertador Bernardo O’Higgins, manifestó su “visión crítica de este proyecto”. En este sentido indicó sobre los polos de desarrollo que “en la definición de territorios a ser intervenidos uno de sus ejes fundamentales debe ser la decisión de ese territorio”. Ahondó señalando que “hay conceptos cuya definición a mí no me interpretan del todo, porque no creo en el centralismo planificado, quinquenal de otra época… Algo que está ausente absolutamente es la decisión de la vocación del territorio, porque creo en la descentralización y creo que las personas de las regiones tienen el derecho de definir qué quieren hacer en ese territorio”.

Antonio Horvath, de la región de Aysén, hizo hincapié en que “este proyecto requiere un particular cuidado porque viene muy parecido a la denominada Carretera Eléctrica que naufragó por distintas razones en este Congreso”. Recordó que tal iniciativa “lo que pretendía era facilitar que las empresas definieran su franja, vulneraran otros proyectos, comunidades, organizaciones indígenas y pasara sobre ellos para asegurar esta conectividad eléctrica”. En este sentido indicó que “lo que hace el proyecto es facilitar, a través del Estado, la definición de la franja de transmisión eléctrica. Es decir el Estado es el que va a tener que lidiar con las comunidades, los proyectos de turismo, los proyectos agrícolas y va a definir por dónde va a pasar la franja, por tanto la línea de transmisión”. Y luego de realizar toda ese trabajo, “que es la tarea difícil, con una evaluación ambiental estratégica centralizada va a pasar la franja a la empresa para que realice la línea de transmisión. Es decir, el Estado le va a hacer la pega al particular. En concreto, esto es un avance, para las empresas, del proyecto que nosotros habíamos objetado en su minuto”.

“A mí no me gusta este proyecto”. Con estas palabras Lily Pérez se sumó a las críticas, indicando que “no me gusta este proyecto porque creo que es muy parecido a lo que tenemos hoy día. No veo que aporte una gran diferencia”. Agregó que “hoy día tenemos cientos de comunidades a lo largo de todo nuestro país, afectadísimas en sus territorios, donde finalmente aparece como una concesión graciosa cuando el ministerio decide recibir a las comunidades y hacer un pequeño ajuste al trazado”.

En este sentido recalcó que “tenemos comunidades tremendamente afectadas que terminan como zonas de sacrificio donde, en general, tienen poca cercanía a las capitales regionales, pasan bastante desapercibidas para el interés nacional y los medios de comunicación de carácter nacional”. Es así que “a mí me preocupa este proyecto, no deja en claro ni clarifica -ni siquiera medianamente- cuál va ser el rol real de las comunidades ni la intervención que va a hacer el Estado con respecto a ellas”.

En la ocasión también expusieron sus visiones positivas sobre el proyecto los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Isabel Allende (PS), Jorge Pizarro (DC), Jaime Orpis (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Andrés Zaldívar (DC) y Eugenio Tuma (PPD). Por su parte Baldo Prokurica (RN), quien integra la Comisión de Minería y Energía donde está radicado el proyecto, se inhabilitó.

Luego de las intervenciones se procedió a votar, aprobándose la idea de legislar con 24 votos a favor, dos en contra (Lily Pérez y Antonio Horvath) y una abstención (el UDI Víctor Pérez).

Al concluir se dio plazo hasta el 28 de abril para presentar indicaciones, luego de lo cual la comisión procederá a votar en particular, antes de derivarlo al pleno. Este es el segundo trámite constitucional, luego que en enero fuera aprobado por la Cámara de Diputados.

Antonio Horvath (Somos Aysén)

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