Diputado Iván Fuentes celebra aprobación de reforma al Código de Aguas

El diputado por la Región de Aysén Iván Fuentes Castillo, se refirió a la aprobación, en primer trámite, de la reforma al Código de Aguas –vigente desde 1981- y que, a juicio del parlamentario, “responde a una de las demandas más profundas de la ciudadanía, que es fortalecer el carácter público del agua, garantizar el acceso a ella como un derecho humano y terminar con la especulación del recurso”.

El diputado Fuentes, agregó que “este nuevo Código de Aguas establecerá un conjunto de privilegios para comunidades indígenas, para comités de agua potable rural (APR) y para comunidades agrícolas, de manera que los deja exentos del cobro de patentes, pero también establece con claridad la sanción a aquellos que acumulan o acaparan agua y a los que realizan una solicitud para un proyecto que nunca se concreta, para quienes no utilizan las aguas y no dejan que pequeños agricultores puedan acceder a ellas. Ya hemos visto a empresas haciendo devolución de derechos de agua que han tenido por años y que nunca han concretado iniciativas, este nuevo Código de Aguas establece un plazo para concretar las obras y si no, esos derechos caducan y vuelven al Estado”.

El diputado Fuentes recalcó que “con este proyecto estamos reforzando el carácter de bien nacional de uso público del agua, estableciendo condiciones de uso con un plazo máximo de 30 años, pero también bajo ciertas condiciones. Esta reforma avanza en la dirección correcta, ósea hacia el agua como un bien nacional de uso público. Eso es el cambio más significativo, estamos superponiendo el bien común a la especulación y el lucro".

La propuesta legal plantea: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir (social, de subsistencia, ambiental, productiva, etc.); generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

Entre las normas planteadas, se determina que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Bajo este precepto, se establece que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

Los derechos de aprovechamiento otorgados en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este nuevo Código. En este marco, por ejemplo, se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque se advierte que ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. Así, en línea con lo anterior, se permite que la autoridad defina un plazo menor.


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